La recuperación institucional es clave para democratizar a Venezuela
Hugo Chávez lo tenía claro. Apenas llegó al poder tras juramentarse sobre una Carta Magna a la que dio la extremaunción el 2 de febrero de 1999, procedió a impulsar la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) para demoler el viejo orden y sentar las bases de la llamada Quinta República. La estructura tradicional del Estado fue sacudida de arriba a abajo por la ANC. A los tres poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, se sumarían otros dos, Ciudadano y Electoral, para levantar los pilares del proyecto chavista.
“Corresponde al Tribunal Supremo de Justicia la dirección, el gobierno y la administración del Poder Judicial”. “El Poder Ciudadano es independiente (…)”. “Los órganos del Poder Electoral se rigen por los principios de independencia (…)”. “Los diputados o diputadas son representantes del pueblo y de los Estados en su conjunto, no sujetos o sujetas a mandatos ni instrucciones, sino solo a su conciencia”. Así quedó plasmado en la nueva Constitución bolivariana.
Si a las palabras se las lleva el viento, esos artículos de la Carta Magna no pudieron resistir la embestida del huracán chavista. Apelando a su “poder originario”, la propia ANC abrió fuegos con una serie de decretos para la “reorganización” de los órganos del Poder Público. Posteriormente, con un nuevo texto fundamental, el fervor popular, su relegitimación conquistada en las urnas en 2000 y la mayoría parlamentaria, Chávez emprendió la colonización de las instituciones venezolanas.
Pasadas dos décadas, la promesa de la construcción de un “Estado democrático y social de Derecho y de Justicia” cayó en el vacío. Los principales indicadores que miden el estado de la democracia en el mundo, como los índices de The Economist y V-Dem de la Universidad de Gotemburgo (Suecia), coinciden en calificar a Venezuela como un régimen autoritario.
La última renovación de la cúpula de los poderes Electoral y Judicial significó una nueva vuelta de tuerca al autoritarismo chavista. En los albores de la revolución socialista, se sospechaba o intuía la filiación política de las personas que eran escogidas para dirigir las instituciones. Sin embargo, con los años, se agotó el disimulo y ahora los altos jerarcas del Estado son abiertamente militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
Esta es la realidad que se vive en 2022, vigesimotercer año de la revolución en Miraflores. Ahora, partiendo de este escenario, ¿qué medidas deberían ejecutarse para lograr la recuperación institucional del país con miras a 2030?
Y dura, y dura…
“En primer lugar, para entender el contexto multidimensional del país, tenemos que subrayar que Venezuela es hoy un caso de durabilidad autoritaria, caracterizada por una mayoría de la población que adversa al Gobierno, en medio de una Emergencia Humanitaria Compleja, altos niveles de pobreza, desigualdad económica y desigualdad territorial”, describe la profesora Stefania Vitale, candidata a Doctora en Estudios del Desarrollo (Cendes-UCV) e investigadora en Ciencias Políticas.
Revisando las fichas sobre el tablero, Vitale observa que “hay una clara tensión entre los diferentes grupos y actores con poder de veto que componen el chavismo que gobierna”. A su juicio, la coalición dominante se divide entre “grupos que se inclinan por abrir espacios democráticos, versus otros que prefieren seguir gobernando bajo un marco autoritario”.
A diferencia de sus adversarios, el oficialismo procura siempre lavar sus trapos sucios en casa. Sin embargo, en el marco de la renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el diputado Pedro Carreño cargó contra el expresidente del organismo, Maikel Moreno, y la corte en pleno acusándolos de amparar la corrupción y convertir en un “desastre total” el sistema de justicia. Se necesitan “nuevos magistrados, ¡nuevos!”, bramó Carreño. Resultado: 12 de los 20 magistrados de la Sala Plena son reencauchados. “Nicolás Maduro sigue siendo el actor con poder de veto más importante dentro de la coalición gubernamental, en él siguen delegando la toma de decisiones”, enfatiza Vitale.
El legislador Francisco Ameliach se involucró en el debate en estos términos: “La separación de poderes no existe porque no puede existir. Hay teorías más avanzadas como la teoría de los sistemas. Un sistema es un conjunto organizado de elementos que interactúan entre sí para alcanzar un objetivo programado. El objetivo programado en el caso del sistema de justicia es impartir justicia en la tutela judicial debida”.
De acuerdo con la interpretación del antiguo gobernador de Carabobo, en la Constitución venezolana “no hay separación de poderes, lo que hay es distribución de funciones. Cada rama del Poder Público, que es un sistema, tiene funciones propias”. Dos magistradas supuestamente relacionadas con Ameliach, María Carolina Ameliach Villarroel -identificada como su prima- e Indira Alfonzo, no pasaron el filtro y salieron del TSJ.
Vitale percibe que la tensión dentro del chavismo “ha cobrado mayor fuerza frente al escenario de 2024, en el cual Maduro está apuntando a una mejor gestión pública, repetir en las presidenciales, o que al menos gane un candidato del PSUV de forma legítima, y para ello ha apelado a mostrar disposición a ceder en determinadas condiciones electorales y políticas a cambio de la liberalización de las sanciones y apertura del sector petrolero. No obstante, estas cesiones a las oposiciones y al país, como es usual, han terminado siendo muy volátiles”.
Recuerda que “la coalición gubernamental siempre ha terminado resolviendo sus conflictos de poder y se ha mantenido cohesionada”, y advierte que esa volatilidad en las “cesiones” de apertura es predecible, “hasta tanto no se genere un piso creíble de negociaciones que amarre la apertura del sistema político”.
Reestructuración partidista
Con respecto a “las oposiciones”, Vitale destaca la necesidad de que creen una instancia de coordinación a largo plazo, reestructuren a los partidos y ofrezcan una gestión política con mayor transparencia ante la ciudadanía. “Tenemos dos instancias, Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y la Alianza Democrática. Esta última tendrá que decidir si está más cerca del Gobierno o de los partidos MUD. En cualquier caso, deberán ponerse de acuerdo aún cuando tenga mayor afinidad con el Gobierno y en este caso, pueden fungir como interlocutores en materia regional y local, por ejemplo”.
Vitale subraya que “los partidos de oposición deben decidir si realmente abrazan valores democráticos. Los que decididamente apunten a esto, deben crear la necesidad y preferencia por la democracia en todos los sectores del país”. Apunta que es necesario que se compaginen la democracia y el desarrollo económico, bajo el entendido de que “la coalición gubernamental ha demostrado que no tiene capacidades técnicas, ni fortalezas financieras, ni credibilidad para potenciar al Estado y cumplir, por lo tanto, con lo que tiene en sus planes: mejorar la gestión pública, lo cual, por cierto, es una tarea que es impostergable dada la situación de precariedad multidimensional”.
Para estrechar los vínculos de ese binomio democracia-desarrollo económico, estima que “tiene que surgir una mayor voluntad ciudadana para la acción colectiva que sea masiva y mucho más organizada, a través de diferentes organizaciones de la sociedad civil, en aras de presionar a los diferentes grupos políticos para que se pongan de acuerdo en torno a la institucionalización democrática del país como piso necesario para el progreso económico”.
Pasos clave
Para avanzar en la recuperación institucional en el corto plazo, podrían tomarse medidas como el levantamiento de las inhabilitaciones políticas, mejorar las condiciones electorales, reconsiderar la composición del TSJ, vigorizar la descentralización, generar capacidad estatal y “regresar paulatinamente a los militares a los cuarteles”, enumera Vitale.
Pensando en el largo plazo, que obligaría a reformar la Constitución, indica que deberían redimensionarse los poderes presidenciales, eliminar la reelección indefinida, reducir el periodo del Jefe de Estado y brindar mayor autonomía fiscal a gobernaciones y alcaldías. Ciertas condiciones aplican para lograr esos consensos internos en el marco de un proceso creíble de negociación, según Vitale: El robustecimiento de los sectores pro democráticos del chavismo, que incluye la capacidad de generar incentivos y garantizar a sus pares radicales que no quedarán excluidos, así como la superación de los problemas partidistas y la coordinación estratégica de la oposición.
“Una negociación creíble pasa por todo lo anterior y por procurar garantías de los acuerdos de forma intertemporal y que ningún adversario y subgrupo, dentro de cada parte, perciba que quedará en perjuicio hoy o a futuro”, advierte.
Orfandad política
“En primer lugar, para hablar de una recuperación institucional, tendríamos que situar ese esfuerzo dentro del contexto más amplio de una reconducción democrática. Solo así se entendería como una fase imprescindible en el proceso de redemocratización al que aspira el país”, comenta María Isabel Puerta Riera, doctora en Ciencias Sociales y magíster en Ciencia Política.
La académica de Valencia College anota que “esa recuperación institucional requiere de una redefinición (o depuración) de las ramas del Poder Público. Sin embargo, para emprender un cambio de ese orden es necesario contar con instituciones democráticas sólidas que puedan representar los intereses de la gente”.
Resalta que la crisis de los partidos venezolanos genera “una profunda desconfianza, producto de la orfandad política en la que se encuentra la población”. “No hay duda del pobre desempeño del gobierno de Maduro y del rechazo entre la población, incluidos aquellos que todavía se identifican como chavistas, por lo que el problema se puede ver como de ausencia de alternativas”, precisa.
Ante la debacle de las organizaciones políticas, Puerta Riera pone el acento en el rol de la sociedad civil. “El vacío que existe en materia de representación se ve agudizado por la tensión entre estos dos sectores. Un aspecto fundamental en cualquier esfuerzo de reinstitucionalización, es la calidad de la articulación entre partidos políticos y sociedad civil. Esto, por supuesto, dependerá de la capacidad de rectificación (y reorganización) de los partidos políticos, pero sobre todo, de la posibilidad de construcción de una agenda común que le dé visibilidad y garantice la inclusión de una pluralidad de sectores”.
Sostiene que la falta de articulación entre partidos y sociedad civil “tiene graves consecuencias para la salud democrática, por lo que cualquier recuperación institucional requiere del fortalecimiento de ambos actores y de su trabajo conjunto”. Apoyándose en recientes encuestas, asevera que “el escenario actual de Venezuela da cuenta de una profunda desconfianza en los partidos políticos y para poder superar esta percepción, es necesario un proceso de rectificación que implica su renovación. De lo contrario, será muy difícil plantearse un proceso de refundación institucional”.
Interpelar a los partidos
Antes de ensayar una respuesta, la profesora Maryhen Jiménez plantea un rosario de preguntas para abordar el tema:
¿Cuál es el programa/oferta política de la Plataforma Unitaria actualmente?
¿Qué propuestas tiene para construir capacidad estatal?
¿Qué tipo de Estado/instituciones quiere?
¿Cómo y con quién piensa reconstruir la burocracia del Estado?
¿Qué sistema político quiere?
¿Cómo piensa incorporar a la diáspora en un nuevo proyecto de país (incentivos institucionales/económicos)?
¿Cuáles serían los programas sociales, económicos y culturales que promoverá?
¿Qué hará para alcanzar la inclusión de grupos históricamente excluidos o marginalizados?
¿Qué tipo de relaciones institucionales buscará promover si llega al poder?
¿Cómo y con qué apoyo abordará el tema de seguridad interna y grupos irregulares?
¿Cómo lidiará con el chavismo en caso de ganar?
“En mi opinión, esas preguntas no han sido abordadas en los últimos años. Y son esenciales, así no lo parezcan. Más allá de afianzar la identidad antichavista (identidad negativa), es importante que actores de oposición coordinen sus acciones en torno a un programa y visión de país. Para construir una democracia y un Estado se requieren consensos políticos. Y esos deben ser constituidos desde ya”, afirma Jiménez, doctora en Ciencia Política de la Universidad de Oxford.
El Latinobarómetro muestra una caída de 9% en el apoyo a la democracia en Venezuela entre los años 2017 (78%) y 2020 (69%). A pesar de este retroceso -aún mayor si se toma en cuenta que en 2013 la estadística alcanzaba 87%-, debe decirse que el país aparece entre aquellos donde la democracia cuenta con más respaldo junto con Uruguay (74%), Costa Rica (67%), Chile (60%), Argentina (55%), Bolivia (54%) y República Dominicana (50%).
La Encuesta Nacional sobre Juventud (Enjuve) que presentó la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) en octubre de 2021, arrojó que solo 50% de los consultados prefiere la democracia, mientras 22,1% cree que un régimen autoritario puede ser mejor, y a 27,5% le da lo mismo una democracia que una dictadura. En 2013, 68% consideraba que la democracia era el mejor sistema, lo que representa una caída de casi 20 puntos en las preferencias de los jóvenes venezolanos.
Jiménez llama la atención sobre los resultados de esos estudios. “Sin un programa -y coordinación- es y será difícil movilizar. La oposición debería intentar romper la incertidumbre actual ofreciendo propuestas concretas y destacando la relevancia de construir una nueva democracia. Es la responsabilidad de la oposición presentar una alternativa que vincule una eventual democratización/capacidad estatal, con mejores condiciones de vida, y crecimiento económico, entre otros”.
La investigadora sugiere a los partidos de la oposición desarrollar un programa conjunto que dé estabilidad a un grupo que será ideológicamente diverso, y que facilite la labor contralora de la sociedad en cuanto a verificar el cumplimiento de los acuerdos. “De no hacerlo, la sociedad difícilmente podrá entender la relevancia de volver a participar y movilizarse. El chavismo se ha transformado, la oposición leal/cooptada se fortalece. ¿Cuál será la respuesta de la Plataforma Unitaria ante esta realidad?”, inquiere Jiménez.
En todos los ámbitos
La recuperación institucional no puede limitarse al terreno político. Debe abarcar, igualmente, las áreas social, cultural y económica. Partiendo de esa premisa, Adriana Boersner Herrera agrega que la cooperación internacional será fundamental para resucitar al Estado venezolano.
“Desde lo político-institucional, habría que pensar en una hoja de ruta que fije como objetivo central la real independencia de los Poderes Públicos, con una disminución de los poderes del Ejecutivo. El hiperpresidencialismo ha sido un mal que ha socavado la real importancia y el papel que deben jugar los poderes Legislativo y Judicial, y la misma Constitución en un régimen democrático”, reflexiona la profesora de Ciencia Política de la Universidad de Carolina del Sur Aiken.
Apuesta por la definición de unas “reglas de juego” que orienten la convivencia entre los grupos políticos y la sociedad civil. “Estas reglas del juego deben tener un costo político importante para quien trate de quebrantarlas, y por sí solas no serán suficientes si no se implementan en un marco adecuado de transparencia, legitimidad y responsabilidad”.
La eliminación de una burocracia arcaica e intrincada, la renovación programática e ideológica de los partidos y la despolitización de los jueces, así como el establecimiento de mecanismos de reparación para las víctimas de violaciones de derechos humanos, son elementos fundamentales para revivir a las instituciones venezolanas, según Boersner Herrera.
La diáspora
La Agencia de Refugiados de Naciones Unidas (ACNUR) cifra en 6,1 millones el número de venezolanos que han huido del país desde 2015, expulsados por la Emergencia Humanitaria Compleja provocada por el régimen chavista. Uno de los peores éxodos a escala global, solo comparable con el padecido por Siria. “En el futuro, esa diáspora puede servir de enlace en la reconstrucción de los lazos políticos, económicos, socioculturales y diplomáticos entre sus países de acogida y Venezuela. La diáspora también debe ser apoyada para crear convivencia y diálogos productivos en el exterior”, plantea la analista.
Un estudio independiente en el que participó la UCAB y que fue presentado en noviembre de 2021 sobre el sistema educativo venezolano, encontró que 1,2 millones de estudiantes y 166 mil maestros habían desertado de las aulas a causa de la migración o de problemas económicos. La investigación, que abarcó 394 escuelas entre públicas (85%) y privadas subvencionadas (15%), muestra que 85% de los planteles no tiene conexión a Internet, 69% enfrenta graves fallas del sistema eléctrico, y 45% registra deficiencias en el servicio de agua.
Boersner Herrera estima que Venezuela debe insertarse en la agenda de la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), con el fin de hacer frente a la debacle del sector educativo nacional.
“Hay que tomar en cuenta la diversidad cultural que tenemos como país y rescatar, luego de años de crisis política, económica y social, la riqueza de esa diversidad cultural y lo que implica ser ciudadano. Los museos, las instituciones culturales, las bibliotecas y la promoción literaria deben servir para formar ciudadanos. Formar ciudadanos pasa no solo por comprender la historia del país, sino por comprender la cultura, los derechos y deberes que tenemos”, apostilla.
Se multiplican
¿Los caballeros las prefieren rubias? Depende. Quizá la ruptura más traumática que ha sufrido el chavismo en 23 años la protagonizó Luisa Ortega Díaz. Perder el control sobre una sola pieza de su andamiaje institucional, obligó a Maduro a recurrir a la justicia militar para perseguir a la disidencia, exponiéndose aún más a la censura internacional, y a echar mano del TSJ y de una Asamblea Nacional Constituyente “plenipotenciaria” para liquidar a la platinada rebelde en 2017.
Claro, no se trataba de cualquier pieza. Ortega Díaz estaba al frente del Ministerio Público, dueño de la acción penal, y tras separarse del chavismo comenzó a forjar una especie de alianza con la mayoría opositora del Parlamento. El chavismo reaccionó descabezando a su antigua aliada y poniendo en su lugar a un dirigente del PSUV, Tarek William Saab.
“La Constitución establece claramente cómo se debe convocar una ANC, pero la de 2017 rompió con la Carta Magna y cuando los actores no respetan las reglas de juego, es imposible consolidar un sistema político democrático”, alerta el sociólogo Héctor Briceño, doctor en Ciencia Política de la Universidad de Rostock, Alemania.
La agudización del conflicto no solo llevó al desconocimiento de las autoridades, sino que allanó el camino para la irrupción de una “institucionalidad paralela”. Las potencias occidentales, encabezadas por Estados Unidos, así como la mayoría de los miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA), desconocieron por fraudulento el proceso presidencial de 2018 y tacharon de ilegítima la reelección de Maduro.
La Asamblea Nacional de mayoría opositora llenó la “vacante” con la juramentación de Juan Guaidó como Presidente “encargado” de la República. Desde ese momento, Venezuela tiene dos Ejecutivos, dos Parlamentos y dos TSJ. Eso sí, ninguno funciona como es debido.
Briceño puntualiza que la recuperación institucional solo podrá avanzar si previamente los actores políticos acuerdan someterse a las reglas de juego que están en la Constitución. “Una democracia se institucionaliza y consolida cuando los actores políticos están de acuerdo con las reglas de juego y con que no se puede competir por el poder por vías alternas”, resume.
Incertidumbre
A pesar de todos los nubarrones que asoman en el horizonte, Briceño confía en que tirios y troyanos podrían alcanzar coincidencias en distintos aspectos. Sin embargo, hay uno que le parece especialmente complejo: el castigo a las violaciones de los Derechos Humanos cometidas en este periodo.
“Difícil que los actores puedan llegar a una negociación aceptable. Por un lado, es complicado que la gente admita impunidad sobre hechos ocurridos recientemente; y por el otro, los jefes políticos y militares de esas cadenas de mando no están dispuestos a entregarse. Aquí no hablamos de generaciones pasadas, sino de que víctimas y victimarios son parte de la negociación”.
¿Habrá que sacrificar justicia a cambio de lograr una transición a la democracia? “No. Es justamente la impunidad lo que no podemos permitirnos. La impunidad vista desde la óptica de establecer responsabilidades, reconocer a las víctimas, reparar los daños y hacer efectiva la garantía de la no repetición, es un tema que no puede sacrificarse. Tampoco pueden sacrificarse los demás valores constitucionales, por lo que se debe excluir la persecución y venganza en toda sus formas y la generación de más violencia”, argumenta Carmen Alguíndigue Morles, especialista en Ciencias Penales y Criminológicas y abogada acreditada ante la Corte Penal Internacional (CPI) desde 2019.
Alguíndigue Morles señala que la refundación de la justicia pasa por retornar al modelo que está previsto en la Constitución de 1999. Para adelantar esta ambiciosa empresa, considera que se requerirá la experiencia y seguimiento de organismos multilaterales conocedores de transformaciones institucionales y políticas.
“El mundo democrático y las instituciones internacionales de protección de derechos humanos han elaborado una gama completa de estándares mínimos para las distintas instituciones de justicia, que están contenidos en instrumentos normativos e incluso, poseen mecanismos de seguimiento temporal. Tenemos la fortuna de no partir de la nada, el reto es llegar a acuerdos concretos y sinceros y cronogramas para ponerlos en práctica”, apunta la experta.
La Fiscalía de la CPI abrió una investigación sobre Venezuela, pese a las resistencias del régimen de Maduro, quien accedió a firmar un memorando de entendimiento y se ha comprometido a contribuir con las averiguaciones. “El Fiscal ha decidido pasar a la siguiente fase. No compartimos la decisión, pero la respetamos”, manifestó el líder chavista.
Alguíndigue Morles aclara que la justicia internacional tiene límites y que su actuación es complementaria. Rechaza generar falsas expectativas sobre las posibles actuaciones externas, y recalca que la solución está en las manos de los venezolanos.
“Contar con justicia pasa por la voluntad política de hacerlo, voluntad de tener como meta el bien común. Volvemos a la necesidad de la transformación, de la metamorfosis de lo político en nuestro país, para que, sin miramientos ni presiones y actuando libres de mezquindades y verdadero apego al orden constitucional establecido, pueda alcanzarse un sistema de justicia robusto, independiente y transparente que establezca responsabilidades en todos los temas pendientes”, finaliza Alguíndigue Morles.
*Las fotografías fueron facilitadas por el autor al editor de La Gran Aldea.